La regularización y reubicación de ladrilleras ubicadas en la zona urbana de Jesús María.
Problemáticas como son la explotación de bancos de arena y materiales pétreos, verificación vehicular fueron analizados en la reunión.
Con el propósito de que el Gobierno del Estado coadyuve con los ayuntamientos en la solución a la problemática ambiental, personal de la Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente, Secretaría de Medio Ambiente y Gestión Urbanística y Ordenamiento Territorial, se reunieron con personal del área de Desarrollo Agrario y Territorial del municipio de Jesús María.
Lo anterior con el objetivo de iniciar un proceso de ordenamiento y regulación de manera conjunta con todas las antes citadas y dar solución a la regularización y reubicación de un grupo de ladrilleras que actualmente se encuentran en los límites de la zona urbana de la municipalidad.
Sobre el particular la Procuradora Interina de Protección de Medio Ambiente explicó que los diálogos que se han sostenido con el personal del municipio de Jesús María, busca realizar un trabajo coordinado entre la alcaldía y las dependencias estatales con el único objeto de dar solución a la problemática que se analizó en la junta.
En ese sentido mencionó, que a través de la colaboración con el ayuntamiento de Jesús María, se podrá dar soluciones a otro tipo de problemáticas como son la explotación de bancos de arena y materiales pétreos, verificación vehicular y así como cualquier hecho que atente contra el medio ambiente.
"Estos acuerdos nos ayudan a facilitar la relación entre los ayuntamientos y las autoridades estatales para hacer un trabajo más dinámico, más ágil, tener un enlace por parte del municipio y de esta manera si hay alguna afectación al medio ambiente inmediatamente se nos avise, vamos a mandar a alguien a atender esa denuncia y en coordinación con el alcalde, podamos inspeccionar o de ser necesario llegar a una sanción", dijo.
Finalmente la Fiscal Ambiental, destacó que él no abuso de los recursos naturales es uno de los compromisos que ha adquirido el Gobierno del Estado, siendo esta una de las principales atribuciones que tiene la PROESPA, instancia encargada de vigilar, inspeccionar e investigar actos u omisiones que causen un daño al entorno ó representen riesgos graves.
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